Uno de los aspectos que contempla la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, LPRL) es la protección de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral. Lo más importante de esta normativa gira en torno al derecho del trabajador a ser protegido en su salud; para ello se impondrán ciertas obligaciones al empresario, considerado el principal sujeto responsable pero no el único. Los deberes que se precisan en la Ley son la incorporación de un plan de prevención en la empresa y de equipos de trabajo y de protección individual, la elaboración de un plan de emergencia, informar y formar a los trabajadores, la vigilancia de la salud, la documentación en materia de seguridad y salud, y la coordinación de actividades empresariales. Para determinados colectivos como son los trabajadores menores de edad, los trabajadores temporales y contratados por empresas de trabajo temporal, las trabajadoras en situación de embarazo, parto reciente y lactancia natural; se establecen obligaciones específicas. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales conllevará ciertas responsabilidades; estas pueden ser administrativas, penales y civiles. Complementando estas, el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, LGSS) constituye la responsabilidad en materia de seguridad social o el recargo de prestaciones.